Proseguimos con la exposición pormenorizada de nuestro particular modelo de regulación de las sustancias psicoactivas. En el artículo anterior nos quedamos en el asunto de «la venta». Lo dicho: sigamos.
A su vez, existirían empresas de servicios dedicadas a la dispensación a domicilio, es decir, los negocios de Tele-Drogas. Amén de otros en los que, en lugar de trabajar exclusivamente con el take-away (es decir, tiendas que únicamente venden las drogas, de modo que el cliente debe consumirlas en otro lugar) ofrecerían sus instalaciones tanto para la compra como para el uso y disfrute de las sustancias que ahí se vendieran (cannabis, cocaína, heroína, LSD… dependiendo de la licencia obtenida, puesto que se trataría de establecimientos especializados sujetos a una regulación muy estricta y diferente para unas sustancias y otras). Tiendas que, de nuevo, para que se hagan una idea, bien podrían llamarse Drogo King, McDrogas o, para los clientes más finos, selectos, snobs y exigentes, Alamut, Drugs-Gardens, El caballo rojo o El Drugulli. Tiendas que, en el caso de especializarse en el uso de marihuana y sustancias afines, podrían funcionar al estilo de cómo lo hacen los actuales bares de copas o los coffee shops holandeses, pero que, en caso de trabajar con el consumo de sustancias como la cocaína o la heroína, deberían contar con toda una serie de medidas sanitarias y de seguridad como disponer de servicios de atención médica específicos y ese tipo de cosas.
Compra: libre para todo aquel que cuente con la edad legal establecida para adquirir sustancias psicoactivas. Edad que bien pudiera ser la de 18 años para las sustancias potencialmente más problemáticas, como la heroína y la cocaína, y la de 16 años para aquellas de menor toxicidad, como el cannabis o la MDMA (a fin de cuentas, 16 años es la edad que se establece en España para que una persona pueda decidir por sí misma sobre aspectos e intervenciones de tipo sanitario y, según reza el prototípico discurso sobre drogas de nuestras instituciones públicas, las actuales políticas entienden el consumo de estas sustancias como una cuestión estricta y fundamentalmente sanitaria). Pero bueno, en cualquier caso, a estas alturas de la vida, lo mismo nos daría si la edad legal se fijara, para todas las drogas, en los 18 años o en los 21, total, nosotros tenemos 40, así que poco nos importan ya esas menudencias.
Precios: los justos y razonables, sin más, como sucede con cualquier otro bien de consumo a excepción del alcohol y del tabaco que, al ser gravados anualmente con mayores y mayores impuestos (en un intento, infructuosos como cualquier otro, de disuadir a la población de consumirlos) han terminado por alcanzar precios tan desorbitados que, a día de hoy, superan incluso a los ya de por sí descabalados costes de las sustancias del mercado ilegal, de modo que, actualmente, por una copa se paga lo mismo que por una pastilla de éxtasis, y un paquete de cigarrillos viene a valer casi lo mismo que una micra (100 mg, es decir, unas cuantas dosis) de heroína, todo para que la población siga fumando y bebiendo como lo ha venido haciendo siempre, sólo que, ahora, viéndose obligada a privarse de otras cosas, perdiendo poder adquisitivo y, en consecuencia, contribuyendo a ralentizar la ya de por sí maltrecha y estancada economía nacional.
Vaya, que, según lo pintan ustedes, prácticamente cualquiera podría consumir drogas, en cualquier lugar y como le viniera en gana. ¿No sería esto lo que, técnicamente, podría llamarse un “esparramo”? ¿No aumentarían los consumos, los consumidores y los problemas asociados al consumo de forma alarmante? ¿No seguiría habiendo problemas con el narcotráfico destinado a satisfacer el consumo de los menores de 18 y de 16 años?
Vamos a ver… vayamos por partes: No, no, no y no.
No se equivoque: es la situación actual la que, técnicamente, puede considerarse un “esparramo”. Es la situación actual la que, realmente, posibilita que cualquiera pueda consumir cualquier droga prácticamente en cualquier lugar y como le venga en gana, puesto que, la prohibición absoluta da lugar a que cualquier acto relacionado con el consumo pueda ser sancionado penal o administrativamente. De tal manera que, sí, haga uno lo que haga existe la posibilidad de ser penalizado, puestos a tomar o a vender estas sustancias, cada cual termina haciendo lo que le da la gana, pues, ya metidos en faena, lo mismo da una cosa que otra.
Bien distinta es la situación que se derivaría de la regulación legal que proponemos aquí, en la que las sustancias psicoactivas, en lugar de venderse en cualquier calle, en cualquier esquina y en cualquier portal, se venderían en establecimientos autorizados, por parte de personal formado específicamente para su venta, en lugar de por parte del camellete de turno que sabe tanto de lo que vende como ustedes y nosotros mismos de la genética del melón. Que, en lugar de dispensarse a cualquiera que las pida, sin más intercambio de palabras que ese lacónico, lapidario y doloroso “son 10.000” (es decir, 60 euros), se despacharían, únicamente, a quien demostrase tener la edad legal para adquirirlas, ya sea esta la de los 16 años o la de 18 e, incluso, en el caso de algunas sustancias como la heroína, a quien presentase el documento oficial acreditativo (una simple tarjeta, por ejemplo) que diese fe de que cumple con los requerimientos legales para hacer uso de esa droga (requerimientos que comentaremos más adelante). Una situación en la que habría lugares destinados específicamente al consumo de drogas, lugares donde estaría permitido consumirlas, y lugares donde estaría taxativamente prohibido, con lo cual, a los usuarios les resultaría mucho más fácil, cómodo y sencillo cumplir la ley, y a los policías velar por su cumplimiento.
Una situación en la que, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, los menores de edad o, en su caso, los menores de 16 años (tanto nos da, pero, si lo prefieren, dejémoslo en los menores de 18) verían considerablemente dificultado su acceso a las drogas y en la que, aun pudiendo haber cierto flujo desde el mercado legal destinado a satisfacer las necesidades drogófilas de los adolescentes, a buen seguro que difícilmente superaría las actuales dimensiones y posibilidades que les ofrece el mercado ilícito; a buen seguro que, en cierta medida, sería contrarrestado por la propia autocensura de los usuarios adultos y por procesos informales de sanción social; a buen seguro que, aun con todo, debido al control de calidad del producto, la situación, incluso en el peor de los casos, sería más segura que la actual; y a buen seguro, por último, que el narcotráfico en sí mismo, entendido como lo que es hoy, dejaría de tener sentido y dejaría de ser viable en términos económicos si únicamente estuviera destinado a satisfacer a una clientela compuesta por individuos menores de 18 años.
Una situación en la que, por lo demás, los consumos y los consumidores no tendrían por qué aumentar, al menos no siempre ni en el caso de todas las drogas; como tampoco tendrían que aumentar los problemas asociados (al contrario, si acaso). Véase, al efecto y de nuevo, el caso de Holanda, donde pueden adquirirse legalmente 5 gramos diarios de cannabis y donde, sin embargo, las tasas de consumo son marcadamente inferiores a las españolas, francesas, italianas, norteamericanas y sigue, y sigue, y sigue. A fin de cuentas, los índices de consumo están muy relacionados con la accesibilidad a las sustancias y la cuestión es que, a día de hoy, buena parte de ellas (el cannabis, la MDMA, la cocaína…) son percibidas por la población joven como perfectas y fácilmente accesibles, de modo que la regulación legal que proponemos no empeoraría las cosas en este sentido (es decir, difícilmente las haría más accesibles, si acaso y como ya hemos comentado, sería al contrario, al menos y sobre todo, para los menores de edad). Es cierto, no obstante, que sustancias como la heroína o la anfetamina y la metanfetamina, poco accesibles actualmente para buena parte de la población española, serían mucho más fáciles de adquirir en el escenario que proponemos. Sin embargo, no por ello habrían de aumentar dramáticamente ni el número de consumidores ni el volumen y la gravedad de los problemas asociados al consumo. De una parte, conviene tener en cuenta que, el hecho de que la inmensa mayoría de la población seguiría sin tener el menor interés en probar la heroína por mucho que mañana mismo se dispensara legalmente en el Carrefour, lo mismo que la inmensa mayoría de la población no tiene el más mínimo interés en practicar la caída libre desde acantilados abismales por muy amparada por la ley que esté esta práctica deportiva. De otra parte, aun en el caso de que aumentasen significativamente los consumos, los problemas sanitarios no tendrían por qué aumentar en la misma medida, en tanto en cuanto, todas las disposiciones que acompañarían a la regulación legal (y que detallaremos a continuación) contribuirían notablemente a reducir su incidencia (al estilo de lo que ha sucedido con el aumento del parque automovilístico a lo largo del último siglo, que se ha incrementado exponencialmente, pero en una progresión mucho mayor que los accidentes de circulación). Y, en última instancia, aun en el peor de los escenarios posibles, es decir, aun cuando aumentasen los problemas sanitarios, en contrapartida, desaparecerían o se reducirían drásticamente el resto de problemas asociados al fenómeno del empleo de drogas (corrupción, violencia, dilapidación de recursos económicos, recorte de libertades, masificación de las cárceles, colapso del sistema judicial, tensiones geopolíticas, etc., etc., etc.) por lo que, el balance final, seguiría siendo, a todas luces, más positivo y beneficioso que el actual.
¿Estamos?
Pues, entonces… terminemos por este mes:
La mencionada propuesta de regulación se vería complementada con las siguientes medidas:
- Control de la oferta: prohibición absoluta de toda forma de publicidad de las sustancias psicoactivas hoy prohibidas, y, si nos apuran, de todas al completo, incluidas las que, a día de hoy, ya son legales. Férreo control y freno absoluto a las prácticas publicitarias y comerciales agresivas y encubiertas; así como a toda forma directa de promoción del consumo, con especial cuidado y atención a lo que pueda suceder en los países en vías de desarrollo (especialmente vulnerables a los problemas asociados al uso de drogas debido a la carencia de medios adecuados para prevenir los problemas asociados, contrarrestarlos y hacerles frente).
