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En breve
- Irlanda publicó el 13 de octubre su Estrategia Nacional de Drogas 2026-2030, con un plan de acción de 33 acciones para 2026-2028.
- El Gobierno no acepta despenalizar la posesión para uso personal, como pedían la Asamblea Ciudadana y una comisión parlamentaria, y apuesta por ampliar las alternativas a la sanción penal.
- El Presupuesto de 2027 reserva 7 millones de euros para empezar a aplicarla, más 1,5 millones para ampliar iniciativas ya existentes.
El Gobierno irlandés ha presentado su nueva estrategia nacional sobre drogas para el periodo 2026-2030, un documento que coloca la salud en el centro de la respuesta pública. Lo hace, sin embargo, sin tocar la ley que mantiene como delito la posesión de sustancias para consumo propio.
Un plan de cinco años con enfoque sanitario
La estrategia la presentaron el 13 de octubre la ministra de Sanidad, Jennifer Carroll MacNeill, y la ministra de Salud Pública, Jennifer Murnane O’Connor. Se publica junto con un primer plan de acción de 33 medidas que cubre de 2026 a 2028. Entre ellas figuran una estrategia nacional de prevención, la revisión del sistema de prevención, la mejora de la vigilancia y los sistemas de alerta temprana sobre el mercado de drogas, y la ampliación del llamado Health Referral Scheme.
El texto se organiza en cinco pilares: proteger a las personas y comunidades, garantizar un acceso equitativo a los servicios en todas las regiones sanitarias, apoyar la recuperación y la integración social, ofrecer respuestas sanitarias a quienes entran en contacto con el sistema penal por consumo, y prepararse para un mercado global de drogas más cambiante. Según el Departamento de Salud, la consulta pública, abierta entre el 26 de febrero y el 10 de abril de 2026, recibió 320 respuestas y el 87 % estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con el enfoque sanitario.
Reducción de riesgos y mercado cambiante
Según la cobertura del Irish Examiner, la estrategia describe la reducción de riesgos como un «componente clave» de los servicios y reconoce que cada vez más sustancias se venden mal etiquetadas o mezcladas, de modo que quien las usa puede no saber qué toma. Menciona los cannabinoides sintéticos y los nitazenos como amenazas emergentes cuya detección y respuesta se ha vuelto crítica, y señala que habrá que explorar más salas de consumo supervisado: el plan de acción habla de desarrollar «opciones de ampliación». La Asamblea Ciudadana había pedido ampliar de forma significativa el análisis de sustancias; la información disponible no detalla cuál es la respuesta formal del Gobierno a esa petición concreta.
La financiación inicial es modesta: 7 millones de euros del Presupuesto de 2027 para arrancar y 1,5 millones adicionales para ampliar iniciativas existentes. El reparto incluye 3,45 millones para las regiones sanitarias del HSE y 2,4 millones para los grupos de trabajo locales sobre drogas y alcohol.
Qué implica
El punto más discutido es la posesión. El Gobierno rechaza la recomendación central de la Asamblea Ciudadana, que pedía una política efectiva de despenalización, y la de la comisión parlamentaria sobre drogas, que proponía cambios legales para establecer una política oficial en ese sentido (ya contamos lo que pidió esa comisión). Su «primera prioridad» es ampliar las alternativas a la sanción penal.
La herramienta principal es el Health Referral Scheme, en marcha desde el 1 de septiembre de 2026, que permite a la policía derivar a servicios de salud, en lugar de seguir la vía penal, a quien es sorprendido por primera vez con drogas para uso personal. La propia estrategia lo considera un avance importante, pero admite su límite: solo vale para una primera infracción. Para una segunda existe la amonestación de adultos, hoy restringida al cannabis, y el documento plantea revisarla para que cubra otras sustancias. También propone reforzar el modelo de tribunales de drogas.
Para quien se interese por la política de drogas desde la reducción de riesgos y el uso responsable, el caso irlandés muestra una vía intermedia: no cambia el estatus legal del consumo, pero desplaza parte de la respuesta del juzgado al servicio sanitario. Queda por ver cuántas personas cumplirán los requisitos de acceso, qué se financia de verdad y si el Gobierno vuelve a abrir el debate sobre la despenalización. El ministro de Justicia, Jim O’Callaghan, subrayó que las fuerzas de seguridad seguirán centradas en el crimen organizado, mientras que quienes entren en el sistema por su consumo deberían poder acceder a servicios de salud.
Fuente
- Department of Health (Irlanda). Ministers for Health publish new National Drugs Strategy 2026-2030. Nota de prensa alojada en la HRB National Drugs Library, 13 de octubre de 2026. Detalles complementarios del Irish Examiner.
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