Las reivindicaciones cannábicas y los partidos políticos tradicionales (I)

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En breve: Análisis del posicionamiento de PP y PSOE ante la cuestión cannábica, a partir de sus programas electorales, votos parlamentarios y actuaciones de gobierno: el PP mantiene una línea prohibicionista coherente, mientras que el PSOE muestra un patrón errático que tiende a suavizarse cuando está en la oposición y a endurecerse cuando gobierna.

¿Qué han hecho realmente PP y PSOE con el cannabis?

La cuestión sobre la que quería hablaros es el tratamiento que al tema cannábico han dado los partidos políticos tradicionales en sus actuaciones políticas y parlamentarias.

Este comentario precisa de dos artículos para poder expresar adecuadamente todo lo que debe decirse al respecto.

Así, en este primer artículo se hablará de cuál ha sido la acogida de la cuestión cannábica por los dos partidos políticos españoles mayoritarios, PP y PSOE, analizando qué posturas y actuaciones han manifestado y llevado a cabo al respecto, para poder observar qué interacciones se han producido entre el movimiento cannábico, sus reivindicaciones y aquellos que, realmente, sí pueden llevar a cabo los cambios político-administrativos necesarios para que esas reivindicaciones se conviertan en realidad o, al menos, ejercer presión para ello.

En el próximo número abordaremos los posicionamientos de otros partidos (Izquierda Unida, nacionalistas y otros) no cannábicos, para tener así una perspectiva global de la situación.

Partido Popular

El Partido Popular (PP) se presenta, junto al PSOE, como uno de los dos grandes partidos de la política española, habiendo ocupado el gobierno durante ocho años (1996-2000 y 2000-2004) y actuando de oposición mayoritaria desde que dejó el poder, encontrándose sus representantes al frente de un número elevado de Comunidades Autónomas y entidades locales.

Se trata de un partido que engloba tendencias de corte conservador y liberal, y que en ningún momento se ha manifestado proclive ni partidario de la legalización del cannabis ni de ningún otro tipo de drogas. De hecho, ninguna manifestación expresa se encuentra en su oferta electoral en este sentido, sino más bien al contrario: en su programa electoral para las elecciones generales de 2008 presentaban acciones contra el uso recreativo del cannabis. Esta posición contraria a la legalización o normalización del cannabis queda más evidenciada a la vista de la actividad parlamentaria de sus diputados, pudiendo afirmarse que se trata de una formación que aboga, por lo menos, por el mantenimiento de la situación actual respecto al cannabis.

Los diputados del Grupo Popular en el Congreso han preguntado al Gobierno del PSOE en las dos últimas legislaturas por cuestiones, entre otras, como estas: «medidas adoptadas desde el año 2004 para el control de la demanda de cannabis» (Boletín Oficial de las Cortes Generales n.º D-665, de 17/01/2008), «medidas previstas para reducir el consumo de cannabis y presupuesto para ello en el 2008» (BOCG n.º D-665, de 17/01/2008), si «¿Tiene previsto el Gobierno despenalizar, regularizar, o fomentar el consumo público o lúdico del cannabis y sus derivados y permitir o regularizar la venta autorizada de los mismos?» (BOCG D-465, de 30/06/2004), o «Evolución de las aprehensiones de cannabis en los años 1983, 1986 y 1990», así como «planes para mejorar la lucha contra el tráfico de esta droga en 1991» (BOCG D-258, 29/01/1992). Varias de estas preguntas fueron realizadas por una diputada del Grupo Popular que llegó a calificar la despenalización del cannabis como un «genocidio».

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Por otra parte, este planteamiento contrario a los postulados y reivindicaciones cannábicas se muestra también a través de los contenidos de la página web del partido, donde, por ejemplo, se presenta como un logro destacable el hecho de que en las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular se consuma menos cannabis que en el resto.

Pero sin duda alguna, un elemento claro que determina la oposición del Partido Popular en este sentido ha sido su voto desfavorable a iniciativas tendentes a establecer un cambio legislativo a favor de los postulados cannábicos. Así, el Grupo Popular votó en contra de la «Proposición no de Ley sobre la legalización del consumo, producción, distribución y uso terapéutico del cannabis» presentada por Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya-Els Verds en el Congreso de los Diputados (BOCG D-675 de 13/02/08), así como en contra de la referente a «la utilización del uso terapéutico de los cannabinoides», presentada por el Grupo Parlamentario Socialista (BOCG D-314, de 1/03/02), y la referente a la «autorización del consumo de cannabis para uso terapéutico» presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (BOCG D-314, de 1/03/02). Junto a ello, cabe mencionar la proposición no de ley presentada por el propio grupo popular bajo el título «Proposición no de Ley para impulsar una estrategia de comunicación y de formación preventiva contra el consumo del cannabis» (BOCG A-106 de 1/03/2005).

Vemos cómo el posicionamiento del Partido Popular respecto a la situación del cannabis es claro y coherente, pues sigue una misma línea tanto en sus manifestaciones como en sus actuaciones, guiándose en este tema con unas premisas que no pueden llevar a confusión ni a sus votantes ni a aquellos que no lo son.

Partido Socialista Obrero Español

El PSOE es el otro gran partido español, y ha desempeñado labores de gobierno durante un número significativo de años (1982 a 1996, y desde 2004 hasta la actualidad), contando asimismo con el gobierno de un número importante de Comunidades Autónomas y entidades locales. Es un partido que se autocalifica como progresista.

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Atendiendo a las posturas manifestadas y a las actuaciones realizadas con relación a los postulados cannábicos, puede decirse que el posicionamiento al respecto del partido es, cuanto menos, errático.

Así, existen determinados hechos o posturas que podrían hacernos pensar que este partido hace suyos los postulados cannábicos, al menos en parte. Entre tales hechos o posturas podríamos citar, por ejemplo, que el «Manifiesto de Málaga» («Propuesta Alternativa a la actual Política Criminal sobre Drogas») fue suscrito, entre otros, por Cándido Conde Pumpido (entonces Fiscal General del Estado) o por José Antonio Alonso (ministro de Interior y ministro de Defensa con gobiernos socialistas); que presentasen la «Proposición no de Ley sobre la utilización del uso terapéutico de los cannabinoides»; que votasen a favor de la «Proposición no de Ley referente a la autorización del consumo de cannabis para uso terapéutico», presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); o las manifestaciones de algunos miembros de su cúpula directiva, como las de Leire Pajín (entonces Secretaria Federal de Movimientos Sociales y relaciones con las ONG del PSOE), quien se manifestó claramente en contra de los criterios punitivos y represivos aplicados por el PP en el tratamiento de las drogas en general y del cannabis en especial.

Sin embargo, existen también otros muchos hechos y actuaciones que hacen pensar que el posicionamiento del PSOE frente a las reivindicaciones cannábicas —principalmente frente a las de legalización y normalización del consumo no medicinal— es opuesto. Son hechos muy significativos los siguientes: fue un Gobierno del PSOE quien aprobó la Ley Orgánica 1/1992 de Seguridad Ciudadana (Ley Corcuera), cuyo artículo 25 sanciona administrativamente la tenencia y consumo de, entre otras sustancias, cannabis en lugares públicos, y que es percibida por el movimiento cannábico como el principal elemento de represión del Estado; han desaparecido las propuestas legalizadoras de los programas electorales del PSOE; es más, en las elecciones generales de 2008 el programa del PSOE recogía propuestas como «Implementar en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana (…) planes dirigidos a luchar contra la pequeña delincuencia y contra los comportamientos peligrosos e incívicos, así como el consumo de drogas y alcohol que tengan lugar en las calles y espacios públicos»; las respuestas parlamentarias del Gobierno del PSOE a la pregunta antes mencionada —»¿Tiene previsto el Gobierno despenalizar, regularizar, o fomentar el consumo público o lúdico del cannabis y sus derivados y permitir o regularizar la venta autorizada de los mismos?»— fueron taxativas: «sorprende la pregunta (…), ya que nunca el Gobierno ha realizado manifestación alguna que permita dudar al respecto. (…) entre las previsiones del Gobierno no figuran despenalizar, regularizar ni fomentar el consumo público o lúdico del cannabis y sus derivados, ni tampoco permitir o regularizar la venta de los mismos» (BOCG D-72 de 23/09/2004); el voto en contra de los diputados del Grupo Socialista a la «Proposición no de Ley sobre la legalización del consumo, producción, distribución y uso terapéutico del cannabis» presentada por Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya-Els Verds; el aumento constante, desde el año 2004, de la presión de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la actividad sancionadora frente al consumo de cannabis en la vía pública —hecho que motivó incluso una pregunta parlamentaria al respecto (curiosamente formulada por un diputado socialista)—: «Motivo del incremento de casi un 70% de las multas por consumo o la tenencia de cannabis en la vía pública con respecto a las multas impuestas en los años 2003 y 2004», cuya respuesta finalizaba con la afirmación «Parece evidente que las denuncias y sus correspondientes sanciones en esta materia, al igual que en cualquier otro tipo de infracciones, van encaminadas a reducir la comisión de las mismas, y en este caso concreto a evitar con ello la presencia de droga en la vía pública, lo que sí puede redundar en una disminución de su consumo» (BOCG D-516 de 5/03/2007).

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Aunque se trate de comportamientos totalmente opuestos, existe un elemento de juicio que consideramos relevante: las actuaciones o medidas llevadas a cabo por el PSOE en pro de los postulados cannábicos han coincidido normalmente con su estancia en la oposición, y las actuaciones contrarias, con su estancia en responsabilidades de gobierno.

Sin datos empíricos que respalden la siguiente afirmación, sí podría pensarse que dentro del PSOE existe una línea de opinión favorable a la aceptación de los postulados o reivindicaciones cannábicas, al menos de una parte significativa de estas, si bien tal línea de opinión se difumina cuando se ocupan responsabilidades de gobierno.

La conclusión de ello es que en España hemos asistido a unas políticas continuistas respecto a la cuestión cannábica, tanto bajo gobiernos socialistas como del PP.

En el próximo artículo acabaremos la panorámica sobre el tratamiento que han dado al tema cannábico el resto de partidos políticos españoles. Hasta entonces, ya sabéis: pensad por vosotros mismos, es lo único que en verdad tenemos y que ni una crisis económica severa nos podrá quitar.

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