Una pregunta incómoda para el movimiento cannábico
Durante décadas, las reivindicaciones cannábicas en España —desde la legalización del consumo recreativo hasta el reconocimiento del uso terapéutico— han chocado contra una pared previsible: ninguno de los dos partidos con capacidad real de gobernar ha querido moverla. Conviene entender por qué, y para ello no basta con escuchar discursos: hay que mirar lo que efectivamente votaron y respondieron quienes ocupaban el escaño.
Este artículo repasa el comportamiento de PP y PSOE a partir de fuentes verificables —programas, proposiciones no de ley y respuestas oficiales recogidas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales—. En una segunda entrega tocará el turno a las formaciones menores: Izquierda Unida, los nacionalismos y otros grupos que, sin opción de gobierno, sí han marcado posición.
El Partido Popular: un no sin matices
El PP llega a la cuestión cannábica con una posición que no exige interpretación. En ningún momento se ha mostrado partidario de legalizar el cannabis ni ninguna otra sustancia, y su programa para las generales de 2008 incluía expresamente acciones contra el uso recreativo. La coherencia es total entre lo que dice y lo que hace.
Esa coherencia se aprecia en la actividad parlamentaria de su grupo, que durante años interpeló a los gobiernos socialistas sobre medidas «para el control de la demanda de cannabis», presupuesto destinado a reducir su consumo o la evolución de las aprehensiones de la sustancia (preguntas registradas en distintos boletines de las Cortes, desde 1992 hasta 2008). Una de sus diputadas llegó a calificar la despenalización del cannabis de «genocidio», un término que da la medida del marco con el que el partido abordaba el asunto.
El gesto más revelador, no obstante, es el voto. El Grupo Popular se opuso a la proposición no de ley de Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya-Els Verds sobre legalización del consumo, producción, distribución y uso terapéutico del cannabis (2008); a la del Grupo Socialista sobre uso terapéutico de los cannabinoides (2002); y a la de Convergència i Unió sobre autorización del consumo terapéutico (2002). En paralelo, impulsó su propia iniciativa de signo contrario: una estrategia de comunicación y formación preventiva «contra el consumo del cannabis» (2005). Incluso presentaba como mérito, en su web, que en las comunidades que gobernaba se consumiera menos cannabis que en el resto.
En suma: una línea recta. El votante del PP, sea o no afín, sabía a qué atenerse.
El PSOE: un no que cambia según quién lo dice
El caso socialista es más difícil de resumir, y ahí reside lo interesante. El PSOE acumuló gestos que parecían acercarlo a parte de las reivindicaciones cannábicas. El «Manifiesto de Málaga», una propuesta alternativa a la política criminal sobre drogas, fue suscrito por figuras como Cándido Conde-Pumpido —entonces Fiscal General del Estado— o José Antonio Alonso, ministro en gabinetes socialistas. El grupo presentó la proposición sobre uso terapéutico de los cannabinoides y votó a favor de la iniciativa terapéutica de CiU. Dirigentes como Leire Pajín criticaron abiertamente el enfoque punitivo del PP.
Y, sin embargo, los hechos de mayor calado apuntan en dirección contraria. Fue un Gobierno socialista el que aprobó la Ley Orgánica 1/1992 de Seguridad Ciudadana —la «Ley Corcuera»—, cuyo artículo 25 sanciona administrativamente la tenencia y el consumo en la vía pública y que el movimiento cannábico identifica como la principal herramienta represiva del Estado. Las propuestas legalizadoras desaparecieron de sus programas; el de 2008 hablaba, al contrario, de combatir el consumo de drogas en calles y espacios públicos.
Cuando se le preguntó directamente si pensaba despenalizar, regularizar o tolerar el consumo lúdico del cannabis y su venta, el Gobierno respondió por escrito sin ambigüedad: que «sorprende la pregunta», porque nunca había dado pie a dudarlo, y que entre sus previsiones «no figuran despenalizar, regularizar ni fomentar» nada de ello (2004). En esa lógica, el grupo socialista votó en contra de la proposición legalizadora de IU e ICV. Y mientras tanto, la presión sancionadora crecía: las multas por consumo o tenencia en la vía pública aumentaron casi un 70 % respecto a 2003-2004, un dato que motivó una pregunta parlamentaria —formulada, curiosamente, por un diputado socialista— a la que el propio Ejecutivo respondió defendiendo que esas sanciones buscaban «evitar la presencia de droga en la vía pública» (2007).
El patrón: oposición blanda, gobierno duro
Reunidos los datos, emerge una regularidad difícil de pasar por alto: las medidas y declaraciones favorables a los planteamientos cannábicos suelen coincidir con etapas del PSOE en la oposición, mientras que las contrarias aparecen cuando ejerce responsabilidades de gobierno. Sin estudios que lo cuantifiquen, todo apunta a que dentro del partido convive una sensibilidad aperturista —al menos parcial— que se diluye en cuanto hay que gestionar.
La consecuencia práctica es paradójica. Dos partidos con discursos distintos —uno explícitamente prohibicionista, otro ambivalente— han producido, alternándose en el poder, una misma política de continuidad. Para quien reivindica un cambio, la diferencia entre un no firme y un no intermitente acaba importando poco si el marco legal no se mueve.
Lectura crítica
Este repaso se apoya en fuentes primarias —boletines de las Cortes, programas electorales, votaciones— y no en valoraciones de terceros, lo que da solidez a los hechos pero también obliga a algunas cautelas:
- Contexto temporal. Buena parte de los episodios citados corresponden a las legislaturas de los años noventa y dos mil. La política sobre cannabis ha seguido evolucionando después —con el auge de los clubes sociales, sentencias relevantes y nuevos debates sobre uso medicinal—, de modo que estas posiciones describen un periodo concreto, no necesariamente la postura actual de cada formación.
- Partido frente a personas. Las declaraciones de cargos individuales no equivalen a posición oficial. Conviene distinguir el gesto personal del voto del grupo, que es lo que tiene efecto real.
- Reducción de riesgos. El debate político no cambia la realidad sanitaria: sea cual sea el marco legal, el consumo de cannabis conlleva riesgos —especialmente en menores, en personas con vulnerabilidad psicológica y al conducir—. Informarse de fuentes médicas independientes y no asumir que «legal» equivale a «inocuo» sigue siendo lo prudente.
- El sesgo de la pregunta. Las preguntas parlamentarias suelen formularse para forzar una respuesta concreta; leerlas con ojo crítico ayuda a separar la información del posicionamiento.
Más allá de las siglas, la conclusión que dejaba el texto original sigue siendo válida: la mejor herramienta frente a discursos diseñados para tranquilizar o alarmar es pensar por uno mismo y contrastar los hechos.
