Una tesis que invierte el sentido común
Pocos autores en lengua española han discutido la política de drogas con la mordacidad de Antonio Escohotado. Su argumento de partida es deliberadamente provocador: antes de preguntarnos qué hacen las sustancias, conviene preguntarnos qué hace la ley con ellas. La historia ofrece un banco de pruebas natural, porque una misma droga ha sido a la vez legal, ilegal o indiferente al derecho según la época y el lugar, y esos cambios de estatus dejaron huella en cómo se producía y se consumía.
Sobre ese trasfondo, Escohotado ordena las razones del prohibicionismo en dos grandes bloques y las somete a crítica una por una. El primero apela a las propiedades de las sustancias; el segundo, al prestigio de quienes defienden la prohibición. Repasamos ambos.
El argumento «objetivo»: las sustancias como culpables
El primer pilar sostiene que ciertas sustancias provocan por sí mismas embrutecimiento moral e intelectual y que, por eso, merecen el nombre de estupefacientes. Escohotado distingue aquí una versión antigua y otra moderna.
La antigua señalaba a un puñado de compuestos concretos —opio, morfina, cocaína— como bendición en manos de médicos y científicos y maldición en manos de cualquier otro. La Convención Única de 1961 amplió esa lista, aunque siguió siendo minúscula frente al universo de sustancias psicoactivas existentes. En la práctica, mientras en las farmacias se podían conseguir productos igual o más activos que los controlados, el régimen convivió con un pequeño mercado negro y un próspero mercado «blanco» de anfetaminas, barbitúricos, opiáceos sintéticos, meprobamato o benzodiacepinas.
Esa versión entró en crisis cuando los toxicólogos no lograron dar una definición biológica, neurológica o psicológica de qué hacía «estupefaciente» a una sustancia y no a otra; el propio Comité de Expertos de la OMS terminó considerando el concepto poco científico. En ese vacío cristalizó la versión moderna: el criterio dejó de ser farmacológico para volverse ético-legal, plasmado en un sistema de listas. Las leyes ya no necesitaban explicar por qué el alcohol o los barbitúricos eran alimento o medicina mientras la cocaína o la marihuana eran delito. Para zanjar esa arbitrariedad apareció una categoría más amplia, la de psicotrópico: el Estado se atribuía la tutela de cualquier cosa que actuara sobre el sistema nervioso de sus ciudadanos.
Cuatro objeciones al argumento objetivo
Escohotado opone a este bloque varias réplicas. Primera: choca con la idea científica de fármaco, que trata a los compuestos químicos como neutros en sí mismos, benéficos o nocivos según el uso y el contexto, no como portadores de una moral intrínseca.
Segunda: hay un razonamiento circular. Primero se dijo que esas sustancias eran utilísimas en manos competentes, pero se dificultó que esas manos competentes las usaran; cuando médicos e investigadores reclamaron acceso, se respondió que eran inútiles porque ya existían sintéticos mejores; y cuando alguien pide la prueba técnica de esa superioridad, se vuelve al punto de partida. Como no hay forma de demostrar que son inútiles, se las llama peligrosas, y como la peligrosidad no se sostiene ante un toxicólogo, se vuelve a llamarlas inútiles.
Tercera: una droga no es solo una molécula, sino también una etiqueta ideológica y unas condiciones de acceso. Escohotado recuerda el perfil del consumidor de opiáceos en Estados Unidos: a principios del siglo XX eran en su mayoría personas mayores integradas en la vida familiar y laboral; décadas después, tras la prohibición, el perfil mayoritario había virado hacia jóvenes marginados y asociados a la delincuencia. ¿Cambió el opio o cambió la forma de acceder a él? La misma pregunta vale para las sobredosis o para la aparición de sucedáneos más baratos y tóxicos. De ahí su frase más citada: la realidad sociológica de las drogas es consecuencia, y no premisa, de su estatus legal. Cuando se ignora ese efecto, advierte, todo queda a merced de profecías autocumplidas.
Cuarta: resulta insostenible llamar «toxicómano» al usuario de sustancias ilícitas y «bebedor» o «fumador» al de las lícitas. Esa incoherencia, sostiene, sirve para mantener un doble rasero a escala planetaria: persecución de los cultivos en el Sur global por un lado, y venta masiva de tabaco, alcohol y psicofármacos patentados —a menudo sin advertencias sanitarias— en esos mismos territorios por otro.
El argumento «de autoridad»: quién lo defiende
El segundo pilar no apela a las sustancias, sino al peso de quienes condenan las drogas: un grupo de figuras eminentes y una gran masa de ciudadanos anónimos. La idea implícita es que tantos líderes respetados y tanta gente común no pueden equivocarse a la vez. Escohotado recuerda que el prohibicionismo, sobre todo el del alcohol, nació apoyado por el fundamentalismo religioso y fue después abanderado por instituciones policiales, políticas y financieras, con una nómina de defensores que va de Anslinger a una larga lista de jefes de Estado.
En cuanto al «hombre de la calle», reconoce que probablemente sean más los partidarios de la prohibición que sus detractores, aunque matiza que nunca se han hecho sondeos rigurosos sobre ese punto concreto y que haber probado una sustancia ilícita —algo que en algunos países supera a una cuarta parte de la población— no equivale a oponerse a la prohibición.
Dos objeciones al argumento de autoridad
Frente a esto, Escohotado plantea dos cosas. Una: la autoridad política no es la única. Si los gobernantes respaldan la prohibición de forma casi unánime, buena parte de la autoridad intelectual —de las ciencias y las artes— la ha rechazado con igual unanimidad. Hay, por tanto, dos prestigios enfrentados, y él alinea en el segundo platillo una genealogía que va de Teofrasto y Galeno a Huxley o Freud, comparándola con el viejo enfrentamiento entre humanistas e inquisidores en torno a la brujería.
Dos: el ciudadano carece de datos fiables y vive bombardeado por clichés como la «espiral del estupefaciente», según la cual basta acercarse a una droga prohibida para caer en la adicción y el delito. Escohotado contrapone cifras que, según él, dibujan un cuadro muy distinto: una proporción minúscula de quienes prueban estas sustancias acaba requiriendo atención sanitaria, mientras la inmensa mayoría las usa de forma ocasional y sin incidentes que lleguen a las estadísticas. Su conclusión es que los medios retratan casi siempre al fragmento problemático y casi nunca al mayoritario, lo que deja al público sin elementos de juicio reales sobre las ventajas o desventajas de la política vigente.
Lectura crítica
El texto de Escohotado es un clásico del pensamiento antiprohibicionista en español y conserva fuerza polémica. Conviene, aun así, leerlo con cautela en lo que toca a los datos. Las cifras que maneja sobre proporciones de daño, sobredosis o «espiral de la adicción» proceden de un ensayo de los años ochenta y noventa, con metodologías y fuentes que él no siempre detalla; algunas son estimaciones de autor más que resultados epidemiológicos verificables, y no deberían tomarse como medidas exactas del riesgo de ninguna sustancia.
Su tesis central —que el marco legal moldea buena parte de los daños asociados a las drogas— está hoy ampliamente discutida en la literatura sobre políticas públicas, pero eso no anula los riesgos farmacológicos reales. Que un perjuicio sea consecuencia de la prohibición (adulteración, dosis desconocidas, criminalización) no significa que la sustancia sea inocua. Opiáceos, cocaína o estimulantes sintéticos conllevan riesgos serios de dependencia, sobredosis e interacciones, con o sin prohibición. La crítica al doble rasero y a la demonización mediática es razonable; convertirla en una minimización del peligro no lo es.
En la línea editorial de Psiconáutica, este artículo interesa como documento de historia de las ideas y como invitación a pensar la política de drogas con datos y sin maniqueísmos, no como guía de consumo. Cualquier decisión personal en este terreno debería apoyarse en información sanitaria actualizada, en principios de reducción de riesgos y, ante cualquier consumo problemático, en atención profesional.
