De qué hablamos (y desde cuándo)
Este texto continúa un análisis sobre la posición que los partidos políticos españoles «no cannábicos» han mantenido frente al cannabis. En la primera entrega se examinaba el comportamiento de PP y PSOE; aquí miramos al resto del tablero, sobre todo a la izquierda parlamentaria y a varias formaciones nacionalistas. Conviene leerlo como una fotografía de su época: los programas y votaciones que se citan corresponden a las elecciones generales de 2000, 2004 y 2008 y al debate parlamentario de aquellos años. No describe la situación actual, sino el momento en que la cuestión cannábica empezaba a colarse de forma estable en la agenda política.
Como dato de contexto de aquel periodo, varias asociaciones cannábicas llegaron a impulsar, junto a la plataforma RCN-NOK, la presentación de candidaturas a las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2009: una señal de que el activismo buscaba no solo influir en los partidos, sino también ocupar directamente el espacio electoral.
Izquierda Unida: la excepción que asumió la causa
Izquierda Unida nació en 1986 como coalición de la izquierda impulsada por el PCE, articulada en torno al rechazo a la permanencia en la OTAN frente al Gobierno socialista de Felipe González. Sumaba socialistas de izquierda, republicanos, independientes y sectores sindicales próximos a Comisiones Obreras. Con presencia estatal pero penalizada por un sistema electoral que favorece a los dos grandes y a los nacionalistas con voto concentrado, IU ha sido históricamente la tercera fuerza en votos sin serlo en escaños.
En materia de drogas, IU fue el partido de ámbito estatal que más claramente hizo suyas las reivindicaciones del movimiento cannábico. La evolución de sus programas lo ilustra bien:
- 2000: denunciaba el «tratamiento inadecuado» de la política de drogas y reclamaba abandonar el enfoque represivo, apuntando ya a la legalización del consumo, la producción y la distribución.
- 2004: proponía «despenalizar el consumo de drogas blandas» y que fuera el Estado quien controlara la distribución, ligándolo a la lucha contra el narcotráfico, la derogación del secreto bancario y acuerdos internacionales que regularan estos mercados al modo del alcohol, el tabaco o los medicamentos.
- 2008: hablaba abiertamente de legalizar consumo, producción, distribución y uso terapéutico del cannabis, junto con programas de reducción de riesgos y daños, opciones de desintoxicación y la prohibición de la publicidad de todas las drogas.
Esa posición no se quedó en el papel. IU llevó al Congreso una Proposición no de Ley para legalizar el consumo, la producción, la distribución y el uso terapéutico del cannabis, que instaba al Gobierno a regular la sustancia y a acompañarla de programas de reducción de daños. La iniciativa no contó con el apoyo ni del PSOE ni del PP. En el plano simbólico, la diputada Isaura Navarro acompañó al presidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) a registrar en el Congreso unas 18.000 firmas a favor de la legalización y normalización del cannabis: el partido funcionaba, de hecho, como una de las pocas puertas de entrada del movimiento a las instituciones.
Queda, eso sí, una pregunta sin respuesta posible: qué habría hecho IU con esos postulados desde el Gobierno. Defender una demanda en la oposición y sostenerla cuando se gobierna —y se negocia con otros— son cosas muy distintas.
Más allá de IU: verdes, nacionalistas y formaciones menores
La huella cannábica no se limitó a IU. Sin pretensión de exhaustividad, varios programas de 2008 muestran hasta qué punto el debate se había extendido:
- Los Verdes incluían entre sus «nuevos derechos» la legalización del uso terapéutico y privado del cannabis. El eurodiputado José María Mendiluce había defendido años antes que «la batalla del cannabis se puede ganar» si se apoyaban alternativas razonables y se trabajaba también en el ámbito europeo.
- El Partido de la Ciudadanía proponía despenalizar y regular estatalmente la producción y distribución del cannabis para uso particular y terapéutico, acompañado de información sobre riesgos, programas de reducción de daños y persecución del tráfico ilegal.
- El Bloque Nacionalista Galego (BNG) reclamaba revisar la política de drogas para evitar el predominio de una «visión prohibicionista, regresiva y policial», derogar la sanción del consumo y abrir un debate sobre la distribución controlada de determinadas sustancias.
- Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) abogaba directamente por despenalizar y legalizar la producción, venta y consumo del cannabis.
- Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ofrecía un caso revelador: sin pedir la legalización, planteaba regular los grow-shops y sustituir las multas por consumo en vía pública por trabajos comunitarios… pero votó en contra de la Proposición no de Ley citada. El gesto recuerda que el apoyo programático y el voto efectivo no siempre coinciden.
Por qué estas alianzas son tan frágiles
Mirado en conjunto, el patrón es claro: el movimiento cannábico tejió sus alianzas casi exclusivamente con la izquierda, y su suerte dependió de un factor decisivo —que el partido estuviera en la oposición o en el poder—. Apoyar a un movimiento social cuesta poco desde la oposición; sostenerlo desde el Gobierno es otra cosa, sobre todo cuando la mayoría depende de socios de centro o centroderecha para quienes una reivindicación así puede resultar incómoda. Defenderla podía equivaler a perder apoyos y, con ellos, el poder.
Hay además una paradoja menos evidente. Si los partidos terminan asumiendo las demandas del movimiento, este puede perder parte de su razón de ser: una porción del activismo da por defendidas sus reivindicaciones y se desmoviliza. La institucionalización, que parece una victoria, encierra el riesgo de desactivar la energía que la hizo posible.
Con todo, el balance de fondo se mantiene: el cannabis dejó de ser un asunto invisible en la política española. Los partidos percibían ahí un nicho electoral —un grupo de votantes dispuesto a inclinarse por opciones favorables a la despenalización y la normalización—, y esa visibilidad sigue siendo uno de los principales activos del movimiento.
Lectura crítica
Conviene leer este recorrido con tres cautelas. La primera es temporal: las citas proceden de programas y votaciones de hace más de quince años; desde entonces el mapa de partidos español se ha transformado por completo, y conviene no proyectar sin más aquellas posiciones sobre las formaciones actuales. La segunda es metodológica: un programa electoral expresa intenciones, no compromisos verificables, y el caso de ERC —programa favorable, voto en contra— muestra la distancia entre la retórica y la acción parlamentaria. La tercera afecta al propio relato «legalizador»: despenalizar el consumo, regular la producción y proteger la salud pública son objetivos distintos, a veces en tensión, que conviene no confundir en un único bloque. Más allá del debate político, cualquier consumo de cannabis conlleva riesgos —especialmente en edades tempranas, durante el embarazo, en personas con antecedentes psicóticos o al conducir—; la regulación legal de una sustancia nunca equivale a su inocuidad.
