Un químico que también pensaba en política
Pocos investigadores conocieron tan de cerca como Sasha Shulgin la relación entre las sustancias psicoactivas y el poder: al fin y al cabo, son los legisladores quienes deciden qué moléculas pueden existir legalmente y cuáles convierten en delito a quien las posee. A diferencia de Albert Hofmann, más prudente y conservador en lo público, Shulgin —aunque trabajara recluido en su laboratorio— mantuvo una sintonía mayor con los movimientos contraculturales y con una idea concreta de libertad individual.
El capítulo 42 de PIHKAL nace de un momento de pausa en sus clases en la Universidad de California en Berkeley. En lugar de seguir con la química, Shulgin dedica la sesión a uno de los temas que más le marcaron en lo personal: la deriva de la política antidroga en su país. Lo que sigue es una reconstrucción de sus argumentos, no una traducción literal, con el contexto necesario para leerlos hoy.
Las libertades que no aparecen en la Constitución
Estados Unidos se define como una república constitucional. Sobre la firma de la Constitución y, poco después, sobre las diez primeras enmiendas —la Carta de Derechos— se asentaron garantías que Shulgin considera el cimiento del país: libertad de expresión y de prensa, libertad religiosa, protección frente a registros e incautaciones arbitrarios, derecho a conocer la acusación y a ser juzgado por un tribunal imparcial.
Su tesis es que existen, además, tres libertades que nunca se escribieron en la Constitución pero que forman parte de la autoimagen nacional: la presunción de inocencia, el derecho a la intimidad y la libertad de investigación. Y advierte que esas tres se estaban erosionando con rapidez, amparadas en un razonamiento peligroso: que sacrificar derechos importa poco si sirve a un objetivo superior. Ese objetivo, en su época, tenía nombre: ganar la «guerra contra las drogas».
«Sospecha razonable»: un listón demasiado bajo
Shulgin se detiene en una fórmula jurídica que considera especialmente abusiva: la sospecha razonable. Es un criterio difuso, muy por debajo del estándar de «culpable más allá de toda duda razonable» que exige un juicio, y sin embargo bastaba para activar registros e incautaciones.
Pone ejemplos concretos. Un barco de la Guardia Costera siempre pudo abordar una embarcación para comprobar normas de seguridad; ahora le bastaba con declarar que «algo olía raro» para registrarla en busca de drogas. Si no encontraba nada, podía retenerla durante horas o días y desmontarla por partes hasta dar con algo ilegal o cansarse. Todo, sobre la base de una simple sospecha.
Cita también una operación de la DEA contra los anunciantes de la revista High Times que vendían material de cultivo hidropónico: se confiscaron listas de clientes y se visitó a quienes habían comprado, dando por hecho que cultivaban marihuana. Tras varias redadas a inocentes cultivadores de orquídeas, el celo policial se apagó. Para Shulgin, el episodio retrata una mentalidad de «presúmase la culpa y que el otro demuestre lo contrario».
«Just say no»: propaganda disfrazada de educación
En las escuelas, observa, el esfuerzo se dirigía a repetir un eslogan —»simplemente di NO»— sin ningún intento real de informar ni de dar a los jóvenes los datos que permiten formar un criterio propio. El mensaje se reducía a «las drogas matan», con imágenes tan célebres como el cerebro convertido en huevo frito. Shulgin lo llama por su nombre: no es educación, es propaganda, repetición de una consigna para moldear conductas. Es, precisamente, lo contrario de la divulgación honesta —incluida la reducción de riesgos— que él reclamaba.
El chivo expiatorio y el espejismo de la victoria
La propia expresión «guerra contra las drogas», repetida sin descanso por la prensa, le parece tendenciosa: evoca dos bandos y una batalla que hay que ganar para «sobrevivir como nación». Bajo ese marco, sostiene, se atribuía al consumo de drogas ilegales casi cualquier mal social —pobreza, paro, falta de vivienda, criminalidad, mortalidad infantil, incluso el terrorismo—, como si todo fuera a resolverse al derrotar ese único enemigo.
Aquí Shulgin recurre a una analogía deliberadamente dura: la persecución de la población judía en la Alemania nazi, señalada como causa de las dificultades del país para forjar una unidad nacional que nunca resolvió nada. Teme que el consumidor de drogas estuviera ocupando un papel parecido como cabeza de turco, con el riesgo de consolidar un consenso autoritario que recortara libertades sin tocar los problemas de fondo.
Las cifras que rara vez se citaban
Para medir la proporción del problema, Shulgin contraponía las muertes asociadas a unas y otras sustancias en el Estados Unidos de su tiempo. Según las cifras que maneja, solo el tabaco y el alcohol —ambos legales— estaban detrás de más de 500.000 muertes al año; los medicamentos de prescripción, de otras 100.000; y el conjunto de todas las drogas ilegales (heroína, cocaína, marihuana, metanfetamina, PCP) apenas sumaría unas 5.000. Su conclusión: si las drogas ilegales desaparecieran de golpe, la mortalidad por sustancias bajaría alrededor de un 1 %. El 99 % restante seguiría muriendo, pero «por medios legales y socialmente aceptables».
De ahí su sentencia: esta guerra no se puede ganar, y el único resultado seguro de intentarlo es perder más libertades. El esfuerzo, defiende, debería dirigirse a las causas del uso problemático, no solo a sus consecuencias.
¿Y si se retiraran las leyes?
A Shulgin le reprochaban estar diciendo que consumir drogas «está bien». Su respuesta era que el país ya estaba inundado de sustancias ilegales accesibles a cualquiera con dinero, y que la prohibición había generado un mercado criminal y una violencia comparables a los de la Ley Seca. Derogar las leyes, argumentaba, no provocaría una orgía colectiva: tras una experimentación inicial, las cosas volverían a un equilibrio, y el sistema penal podría reservarse para robos, violaciones y homicidios, los delitos que de verdad dañan a terceros.
Su horizonte era el del inconformista: que cada adulto pueda vivir como quiera en su esfera privada —ver la televisión todo el día, hablar con sus gatos o usar una sustancia— mientras no perjudique la libertad ni el bienestar de otros. La alternativa, decía, es un Estado policial capaz de ofrecer calles seguras solo a cambio del espíritu humano. Proponía reducir progresivamente las leyes sobre el consumo adulto, sustituir la propaganda por información veraz sobre efectos positivos y negativos, eliminar los controles aleatorios de orina y redirigir el presupuesto antidroga hacia vivienda, salud mental y atención a las dependencias.
Lectura crítica
El texto de Shulgin es un alegato, no un estudio, y conviene leerlo como tal. Está escrito en el Estados Unidos de finales del siglo XX, en pleno auge del prohibicionismo reaganiano, y sus cifras de mortalidad son estimaciones de aquel contexto: no son extrapolables sin más a otros países ni al presente, donde la crisis de los opioides, por ejemplo, ha alterado por completo el peso relativo de cada sustancia. Cualquier comparación numérica actual exige datos epidemiológicos recientes y bien acotados.
La analogía con la persecución nazi es retóricamente potente pero también arriesgada: equiparar el estigma sobre los consumidores con un genocidio puede iluminar el mecanismo del chivo expiatorio y, a la vez, banalizar el término de comparación. Merece leerse como figura de estilo, no como equivalencia histórica.
Por último, su confianza en que, sin prohibición, «todo volvería a un equilibrio natural» es una hipótesis optimista más que un hecho demostrado. La evidencia posterior sobre modelos de regulación y descriminalización es matizada: hay resultados prometedores en reducción de daños y en descongestión penal, pero también dependen del diseño concreto de cada política. Lo que sí permanece vigente del argumento de Shulgin es lo esencial: una política de drogas honesta necesita información veraz y reducción de riesgos, no consignas; y conviene desconfiar de cualquier «guerra» que pida ceder derechos a cambio de una victoria que nunca llega. Ninguna de estas reflexiones equivale a una recomendación de consumo: el objetivo es comprender el debate, no animar a usar sustancia alguna.
