De qué hablamos cuando hablamos de «vender» drogas legalmente
Seguimos desgranando un modelo hipotético de regulación de las sustancias psicoactivas. En la entrega anterior nos quedamos en el punto de la venta, así que retomamos justo ahí. Conviene recordar de entrada que esto es un ejercicio de imaginación política y no una guía: ni se describe cómo conseguir nada, ni se anima a consumir nada.
El modelo contempla distintos tipos de establecimiento. Por un lado, servicios de dispensación a domicilio. Por otro, locales especializados que no se limitarían a la venta para llevar, sino que ofrecerían también un espacio para el consumo supervisado. La clave es que cada licencia estaría ligada a una sustancia y a una regulación específica: no es lo mismo un espacio orientado al cannabis —que podría funcionar de manera parecida a los coffee shops neerlandeses— que un local donde se manejasen opioides o estimulantes, que exigiría atención sanitaria in situ y protocolos de seguridad mucho más exigentes.
Edad legal: ¿16, 18 o 21?
La compra sería libre para quien acreditara la edad legal. El modelo plantea una posibilidad: 18 años para las sustancias con mayor potencial de daño, y 16 para las consideradas menos tóxicas. El argumento que se da para esos 16 años no es caprichoso: es la edad a la que, en España, una persona puede tomar por sí misma determinadas decisiones sanitarias, y el discurso institucional repite que el consumo de drogas es ante todo una cuestión de salud. Es, en el fondo, usar la propia lógica oficial para llevarla a sus consecuencias.
Aquí cabe una primera lectura crítica: fijar umbrales de edad es donde más cruje cualquier propuesta de este tipo, porque la adolescencia es justo la etapa de mayor vulnerabilidad neurológica y de mayor presión de grupo. No es un detalle menor que se pueda zanjar con un número.
Precios: la paradoja del alcohol y el tabaco
Sobre el precio, la propuesta defiende tarifas «razonables», como las de cualquier otro bien de consumo. Y aprovecha para señalar una paradoja real: el alcohol y el tabaco, gravados con impuestos cada vez mayores con la intención de disuadir, han acabado en precios desorbitados sin que ello haya frenado de forma clara su consumo. El resultado, según este razonamiento, es que la gente sigue bebiendo y fumando lo de siempre, pero con menos poder adquisitivo para todo lo demás.
¿No sería esto un «desmadre»?
La objeción evidente es: si casi cualquiera pudiera comprar en cualquier sitio, ¿no aumentarían el consumo, los consumidores y los problemas? ¿No seguiría existiendo narcotráfico para abastecer a los menores?
La respuesta del modelo le da la vuelta al argumento. Sostiene que el verdadero desorden es el de ahora: bajo prohibición absoluta, cualquier acto vinculado al consumo puede ser sancionado, de modo que, en la práctica, todo ocurre en el mismo terreno indiferenciado de la calle, sin control de edad, sin control de calidad y sin más interlocutor que el vendedor de turno. Una regulación, por el contrario, separaría dónde se puede consumir y dónde no, quién puede comprar y quién no, y por parte de quién se dispensa.
Respecto a los menores, el razonamiento es que un mercado legal con verificación de edad les pondría las cosas más difíciles, no más fáciles, y que un narcotráfico cuyo único nicho fueran los adolescentes dejaría de ser económicamente viable. Es una hipótesis razonable, aunque no demostrada: el mercado negro tiene una capacidad de adaptación que conviene no subestimar.
El argumento de la accesibilidad
El texto recurre al caso neerlandés, donde el acceso legal al cannabis convive con tasas de consumo más bajas que las de buena parte de Europa y Norteamérica, para defender que disponibilidad legal no equivale automáticamente a más consumo. La idea de fondo es que sustancias como el cannabis, la MDMA o la cocaína ya son percibidas como fácilmente accesibles por mucha gente joven, de manera que regular no las haría sustancialmente más accesibles.
Sí reconoce una excepción honesta: la heroína, las anfetaminas o la metanfetamina, hoy poco accesibles para gran parte de la población, lo serían más en este escenario. El modelo responde con dos argumentos. Primero, que la inmensa mayoría de la gente no tiene el menor interés en probar heroína por mucho que se vendiera en el supermercado de la esquina —igual que casi nadie se lanza en caída libre por acantilados pese a ser legal—. Segundo, que aunque el consumo creciera, los daños sanitarios no tendrían por qué crecer en la misma proporción si el sistema incorpora medidas de reducción de riesgos, del mismo modo que el parque automovilístico se multiplicó mucho más deprisa que los accidentes de tráfico.
El balance final
El cierre del argumento es el más sólido y el más discutible a la vez: incluso en el peor escenario, con un aumento de problemas sanitarios, desaparecerían o se reducirían drásticamente otros costes que hoy carga la prohibición —corrupción, violencia, gasto público desbocado, recortes de libertades, cárceles saturadas, sistema judicial colapsado, tensiones geopolíticas—. El saldo, defiende, seguiría siendo más favorable que el actual.
Entre las medidas complementarias, la propuesta es tajante en un punto: prohibición absoluta de cualquier publicidad de las sustancias psicoactivas, incluidas las hoy legales, y freno a toda promoción agresiva o encubierta del consumo, con atención especial a los países con menos recursos para prevenir y atender los daños.
Lectura crítica
Conviene leer todo esto como lo que es: una propuesta de un autor, articulada con voluntad provocadora, no un consenso científico ni una política contrastada. Sus puntos fuertes son reales —el coste enorme de la prohibición está bien documentado y el control de calidad reduce daños evidentes—, pero también arrastra incógnitas serias: el comportamiento del consumo bajo legalización plena no está demostrado para todas las sustancias, los umbrales de edad son frágiles y la comparación con Países Bajos tiene límites, porque allí no existe venta legal libre de cocaína o heroína. Cualquier debate honesto sobre regulación debería sostener a la vez la crítica a la prohibición y la prudencia ante las promesas fáciles. Y, en cualquier caso, ninguna política sustituye a la información veraz y a la reducción de riesgos: si alguien consume, lo seguro es no hacerlo solo, no mezclar sustancias y conocer de antemano las señales de alarma.
