De la sostenibilidad ambiental a la «drogofilia sostenible»
El Informe Brundtland de 1987 definió la sostenibilidad como la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras. Eduardo Hidalgo toma prestada esa fórmula y la aplica a un terreno incómodo: el de la relación humana con las sustancias psicoactivas. Su tesis es que la pulsión por alterar la consciencia —lo que él llama «drogofilia»— es un rasgo persistente de nuestra especie, y que la pregunta políticamente útil no es cómo erradicarla, sino cómo gestionarla con el menor daño posible.
De ahí el término «drogofilia sostenible». No es un eslogan a favor de consumir, sino un marco para pensar las políticas de drogas desde la reducción de daños en lugar de desde la prohibición. Conviene separar las dos cosas: lo que sigue es la exposición de una propuesta, no una recomendación de uso.
La escala colectiva: un mundo con menos problemas, no un mundo sin drogas
En el plano macro, el planteamiento renuncia explícitamente al objetivo de «un mundo sin drogas» por considerarlo inalcanzable. En su lugar propone organizar la producción, el acceso y el consumo de modo que generen la menor cantidad y gravedad de problemas posibles, hoy y para las generaciones venideras.
El argumento incluye una dimensión ambiental que el debate público suele ignorar: si la fabricación de sustancias está fuera de la ley, también lo está su control sanitario y el tratamiento de sus residuos. Una producción regulada permitiría, al menos sobre el papel, someter esos procesos a las mismas normas medioambientales que rigen otras industrias químicas.
La escala individual: informar en vez de imponer abstinencia
En el plano micro, la propuesta sustituye la abstinencia obligatoria como única respuesta por un enfoque de autonomía informada: que cada persona decida si consume o no, y que, si lo hace, disponga de información veraz y de medios para hacerlo de la forma menos lesiva posible, sin hipotecar su salud futura.
Es, en esencia, la lógica de la reducción de riesgos: aceptar que el consumo existe y trabajar para que sea menos dañino, en lugar de negarlo y dejar al consumidor a merced de un mercado opaco. Aquí la idea de «sostenibilidad» se vuelve personal: no comprometer, por exceso o mala praxis, la posibilidad de seguir tomando decisiones libres sobre uno mismo.
Regular en lugar de prohibir: los argumentos
El núcleo de la propuesta es derogar el actual sistema prohibicionista y sustituirlo por uno regulador, comparable —según el autor— al que ordena el tabaco, los medicamentos o ciertos productos químicos. Los beneficios que enumera son los habituales en la literatura antiprohibicionista:
Recuperar el control estatal sobre un mercado que hoy gestiona el crimen organizado; garantizar calidad y controles sanitarios; cumplir normativas ambientales; decidir dónde y a quién se vende en lugar de dejarlo en manos del narcotráfico; restar a las mafias una de sus principales fuentes de ingresos; descongestionar juzgados y prisiones; reorientar el gasto policial; recaudar impuestos y ahorrar el dinero que hoy se destina a una persecución que el propio autor considera infructuosa, reinvirtiéndolo en información, tratamiento e investigación.
Resumido en una palabra por Hidalgo: legalizar. La fuerza retórica del texto está en presentarlo como un cambio sencillo —»basta con quererlo y firmarlo»—, pero ese mismo desparpajo es el que conviene mirar con cautela (volvemos sobre ello más abajo).
«¿Y los tratados internacionales?»
Frente a la objeción de que la prohibición está blindada por convenios internacionales, el autor responde que un país puede desmarcarse de ellos o impulsar su reforma, y recurre al caso de los Países Bajos y su tolerancia hacia la venta de cannabis para uso personal como prueba de que regular de forma distinta al resto no provoca el desastre que se anuncia. Su comparación favorita: el alcohol ya se regula de modos diferentes en cada país sin que el mundo se hunda.
Sobre el llamado «narcoturismo», sugiere que, de considerarse un problema, podría limitarse restringiendo la venta a residentes o nacionales de los países que hayan regulado. Es, de nuevo, una solución sobre el papel: el caso neerlandés ha mostrado tanto luces como tensiones reales en la práctica.
Un modelo posible: dónde, a qué precio y para quién
La parte más imaginativa —y más deliberadamente provocadora— del artículo esboza un mercado regulado con nombres inventados: «droguerías» identificables por un distintivo discreto, locales abiertos las 24 horas, máquinas expendedoras en eventos y grandes superficies especializadas. Es un ejercicio satírico más que un plan técnico: el propio autor reconoce que existen muchos modelos de regulación y que la elección concreta corresponde al legislador.
Leído sin la ironía, el esquema sirve para una cosa: obligar al lector a imaginar cómo sería un acceso legal y normalizado, y a contrastarlo con el sistema actual. Pero conviene no confundir la viñeta provocadora con una política pública diseñada.
Lectura crítica
El texto de Hidalgo es un alegato, no un análisis neutral, y conviene leerlo como tal. Tres matices que el original despacha con demasiada ligereza:
Regular no es lo mismo que despreocuparse. Comparar las drogas con el tabaco o el alcohol es un arma de doble filo: son precisamente dos de las sustancias legales que más daño y mortalidad causan. La regulación reduce ciertos problemas (calidad, violencia, criminalización) pero no elimina los riesgos para la salud, que dependen de cada sustancia, cada persona y cada contexto.
«Basta con firmarlo» simplifica en exceso. La salida de los tratados internacionales, el diseño fiscal, la prevención de la publicidad agresiva o la protección de menores son problemas técnicos y políticos reales. El caso neerlandés, citado como éxito, también arrastra contradicciones —la tolerancia a la venta minorista conviviendo con una producción mayorista ilegal, el llamado «problema de la puerta trasera»—.
La autonomía informada exige información de calidad. El propio marco que defiende el autor solo funciona si existen servicios de análisis de sustancias, asesoramiento honesto y educación realista. Sin ellos, «libertad de elegir» se queda en consigna. Como portal de reducción de riesgos, ese es el punto que nos parece más sólido del texto y el que merece más desarrollo.
En suma: una pieza estimulante para discutir el fracaso del prohibicionismo, valiosa por su voluntad de poner la reducción de daños en el centro, pero que pide al lector la cautela que su tono desenfadado a veces omite.
